En medio de un panorama económico cada vez más complejo y restrictivo para los ciudadanos en Puerto Rico, la profesora y economista de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, la doctora Martha Quiñones Domínguez , ofreció una radiografía detallada sobre los factores que continúan encareciendo el costo de vida en la isla.
Quiñones destacó que los precios de los productos en las góndolas de los supermercados han incrementado de forma dramática en los últimos meses, impulsados por las políticas de la administración Trump, el aumento en el costo del servicio eléctrico y el recién anunciado aumento al costo del gas licuado, que desde hace mucho tiempo se vende a sobreprecio en la Isla. "Desde que consumimos el 65% de bienes del extranjero, de Estados Unidos, hay aranceles y además de eso están las tarifas que continúan cambiando continuamente", explicó la economista.
La experta señaló que la política exterior de Estados Unidos —marcada por su participación en conflictos internacionales como las tensiones en Oriente Medio y Europa— encarece de forma directa los combustibles y los fertilizantes agrícolas. Esta cadena de aumentos incrementa el costo de producción de los alimentos en el exterior y encarece aún más su transportación marítima y terrestre al llegar a Puerto Rico.
A esto se suma la inestabilidad energética local, la dependencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica y los constantes incrementos en peajes y gasolina, los cuales agravan el costo operativo diario de los ciudadanos, especialmente en las zonas fuera del área metropolitana.
Uno de los puntos medulares expuestos por la Dra. Quiñones es la asimetría contributiva que afecta a los pequeños y medianos comerciantes frente a las grandes corporaciones extranjeras. Mientras que las grandes empresas multinacionales logran acogerse a tasas contributivas sumamente bajas (en rangos de 0% a 4% bajo esquemas como las antiguas leyes de incentivos), el sector comercial local enfrenta una carga contributiva corporativa significativamente mayor.
"No es que quieran vender más caro, es que les sale más caro operar debido al peso de los impuestos, el costo de la energía eléctrica y el agua", puntualizó Quiñones, añadiendo que la falta de equidad en los incentivos ahoga el desarrollo de la economía local.
La economista enfatizó que la concentración de empleos y servicios en el área metropolitana continúa castigando a las regiones este, oeste y central de la isla. Desplazarse desde municipios distantes como Vieques, Culebra o pueblos de la montaña para recibir servicios médicos especializados o acudir a centros de trabajo representa un gasto invisible e insostenible para las familias.
La encrucijada del ciudadano: Sin opciones ante la crisis
Ante este encarecimiento generalizado que abarca desde la canasta básica hasta los servicios esenciales, el ciudadano común se encuentra en una profunda encrucijada con márgenes de maniobra sumamente limitados. Con salarios estancados y un costo de vida vertiginoso, las alternativas de consumo se reducen drásticamente.
Al ser consultada sobre las herramientas que tiene el consumidor para capear el temporal, la Dra. Quiñones advirtió que las opciones son mínimas:"Es muy poco lo que puede hacer... Lógicamente lo están haciendo porque muchos de ellos están cambiando a productos más genéricos para ver si estiran el dólar, pero no siempre hay disponibilidad de eso", señaló la especialista al explicar cómo las familias se ven forzadas a hacer malabares financieros entre pagar las tarifas de servicios básicos o adquirir alimentos.
Esta vulnerabilidad se agrava al extrapolar el modelo capitalista estadounidense a la realidad insular, donde las soluciones de privatización y los recortes gubernamentales terminan recayendo sobre el ciudadano de a pie y los pensionados.
De otra parte, Quiñones criticó medidas gubernamentales recientes, como las propuestas de suspensiones temporales del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, señalando que este tipo de alivios superficiales no penalizan adecuadamente a los responsables de las alzas ni atacan el problema de raíz.
"Tenemos que penalizar a quien te causa el daño, como se hace en la justicia. Si LUMA te deja sin servicio o daña tus enseres, es la empresa la que debe responder y asumir la compensación, no el consumidor a través de recortes presupuestarios en otras áreas del gobierno", enfatizó.
Como solución a largo plazo, la Dra. Quiñones hizo un llamado a la clase política a replantear el modelo económico actual de la isla, fomentando la producción local, fortaleciendo la agricultura autóctona y descentralizando los servicios esenciales de salud y educación. "Tenemos que empezar a crecer de adentro hacia afuera, diversificar la economía y dejar de depender exclusivamente del turismo o de políticas que marginan al comerciante y al ciudadano común", concluyó.
