La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico exigió este jueves la renuncia inmediata del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, luego de que se confirmara que la dependencia colaboró con una solicitud de agencias federales de inmigración mediante la entrega voluntaria de datos confidenciales de aproximadamente 6,321 personas inmigrantes que poseen licencias de conducir en la isla.
La exigencia de la organización civil surge tras una prolongada batalla legal que culminó el pasado 9 de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución de “no ha lugar” al segundo pedido de reconsideración del DTOP. Con esta decisión, el máximo foro judicial dejó firme la orden de las cortes inferiores que establecían que el subpoena administrativo girado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) era un documento público, lo que obligó finalmente a la agencia a divulgarlo a la ACLU.
El requerimiento de información, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 26 de enero de 2025 y dirigido a la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), exigía datos detallados de residentes con estatus migratorio indefinido (EMI). Según el análisis de la ACLU, el DTOP no tenía una obligación legal de responder de forma automática a dicha directriz administrativa, la cual requería por norma procesal una orden judicial específica.
A pesar de que el plazo otorgado por las autoridades federales vencía el 7 de febrero de 2025, el DTOP procesó y entregó la información en un margen de tres días, fechando los archivos extraídos el 29 de enero. Entre los datos confidenciales remitidos figuran nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, números telefónicos, fechas de expedición y expiración de licencias, y el estatus migratorio.
“El secretario del DTOP tiene el deber ministerial de proteger y cumplir con las leyes locales y protecciones establecidas en nuestra Constitución. Con sus acciones [...] demostró su incapacidad para asumir las responsabilidades de su cargo”, denunció la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Un año de batallas legales y secretismo
Para obtener acceso al documento, la ACLU de Puerto Rico interpuso una demanda el 1 de octubre de 2025 ante la negativa del DTOP de divulgar la información bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Licitatorio. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones fallaron a favor de la organización, determinando que el expediente constituía información pública.
No obstante, la agencia —representada por el Departamento de Justicia bajo la dirección de Lourdes L. Gómez Torres— agotó los recursos legales disponibles en el foro supremo mediante peticiones de certiorari y mociones de reconsideración que fueron desestimadas de forma unánime por el alto tribunal.
Por su parte, el director legal de la organización, el licenciado Fermín Arraiza Navas, calificó la acción gubernamental como una “colaboración infame” que socava los derechos humanos de una población vulnerable. Recordó además que la entrega de esta información vulnera la confianza depositada por miles de inmigrantes que se acogieron en 2013 a la Ley 97, la cual habilitó el acceso a licencias de conducir bajo estrictas garantías de confidencialidad destinadas a la recopilación de estadísticas oficiales y a evitar la discriminación estatal.
