La cadena de farmacias CVS acordó pagar $315 millones de dólares para resolver una demanda federal presentada en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que se acusaba a la empresa de haber violado regulaciones federales en el despacho ilegal de medicamentos opiodes, informó la agencia en un comunicado.
El caso, que se originó a partir de una demanda interpuesta en 2024 (derivada de una querella de un ex empleado bajo la ley qui tam), acusaba a la empresa de violar la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) al surtir de manera ilegal recetas de opioides y otros medicamentos controlados que carecían de un propósito médico legítimo.
Según la investigación y los argumentos del gobierno federal, las irregularidades se prolongaron por varios años y se vieron impulsadas por políticas corporativas, métricas de desempeño y problemas de personal que provocaron que se ignoraran señales de alerta (red flags) en la dispensación de estos fármacos altamente adictivos, cobrando además de forma indebida a programas federales de salud.
Como parte de los términos del acuerdo de conciliación, CVS no admitió responsabilidad ni wrongdoing (conducta indebida). Un portavoz de la compañía señaló que, aunque discrepan de los señalamientos de la demanda, se complacen en dejar atrás este litigio y reiteraron el compromiso de sus farmacéuticos con la seguridad de los pacientes.
Además del pago multimillonario, el convenio contempla que la empresa se someterá a una mayor supervisión y controles más estrictos por parte de la Agencia Antidrogas (DEA) en sus prácticas de prescripción de sustancias controladas.
