La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado anunció la radicación de dos proyectos de ley dirigidos a proteger y asistir a la población de adultos mayores en Puerto Rico, enfocándose en la equidad en el acceso a los servicios gubernamentales y la protección contributiva sobre sus propiedades principales.
El portavoz senatorial, Luis Javier Hernández Ortiz, junto a la portavoz alterna Marially González Huertas y la senadora Ada Álvarez Conde, explicaron que las iniciativas responden a un cambio demográfico acelerado en el país. Según datos del Instituto de Estadísticas destacados durante la conferencia de prensa, el índice de vejez en la isla aumentó un 41% entre 2020 y 2025, registrándose actualmente 237 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.
La primera de las medidas presentadas es el Proyecto del Senado 1494, impulsado por Álvarez Conde y referido a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial. La iniciativa busca enmendar la Ley de PRITS (Ley 75-2019) y la Ley de Gobierno Electrónico (Ley 151-2004) para evitar la exclusión de ciudadanos que carecen de acceso, equipo o dominio de las herramientas tecnológicas al momento de realizar trámites oficiales.
El P. del S. 1494 crea la Alianza para la Equidad Digital de Puerto Rico, una entidad permanente adscrita a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y presidida por su director ejecutivo. Estará integrada por la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de Estado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Federación y la Asociación de Alcaldes, la industria de telecomunicaciones y hasta tres organizaciones sin fines de lucro, incluyendo a AARP Puerto Rico.
Esta alianza formulará un Protocolo Uniforme de Servicios Alternos de obligado cumplimiento para todas las agencias públicas. Dicho protocolo establecerá estándares mínimos de atención presencial y telefónica, tiempos de espera razonables y el aprovechamiento de la infraestructura existente —como bibliotecas públicas, Centros de Servicios Integrados y oficinas municipales— para brindar asistencia. Asimismo, PRITS deberá identificar fondos federales y consignar una partida presupuestaria específica para la implementación del protocolo, rindiendo un informe anual a la Asamblea Legislativa. De aprobarse, PRITS dispondrá de 180 días para adoptar la reglamentación.
“¿Por qué esto es importante? Ya vimos como más de 1,500 personas el pasado sábado estuvieron expuestos bajo el sol para buscar un servicio que el gobierno fue incapaz de proveerle de forma fácil y accesible”, afirmó Hernández.
Protección contra revocaciones de exoneración por el CRIM
Como segunda iniciativa, la delegación senatorial del PPD anunció la radicación del Proyecto del Senado 1543, el cual enmienda el Artículo 7.035 del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). La medida prohíbe expresamente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) denegar o revocar la exoneración contributiva residencial sobre la propiedad principal de un adulto mayor por el hecho de que este se encuentre residiendo de forma temporal o prolongada en un centro de cuidado.
“Esta medida enmienda el Código Municipal de Puerto Rico a los fines de prohibir al CRIM la revocación o denegación de una exoneración residencial a la propiedad principal de una persona por encontrarse en un centro de cuidado prolongad” sostuvo González Huertas, al tiempo que ejemplificó algunas de las situaciones que están enfrentando adultos mayores con el CRIM.
“Imagínese una persona que trabajó toda su vida para pagar su casa. A los 65, 70 u 80 años sufre una caída y tiene que mudarse a un hogar de cuido o con un hijo para que le atiendan. En en ese caso, su casa se queda vacía y el CRIM le quita la exoneración”, explicó.
