La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico manifestó su rechazo formal a la reglamentación propuesta por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el proceso de 2030. La entidad advirtió que la medida contiene deficiencias graves que desencadenarían errores poblacionales y repercutirían de manera directa en la asignación de millones de dólares en fondos federales para los municipios.
En un comunicado emitido el pasado 2 de noviembre de 2026, la organización detalló que el planteamiento federal ignora las características particulares de la isla, tales como su esquema contributivo, las particularidades de las direcciones residenciales en sectores rurales y el flujo migratorio continuo de personas entre el territorio y los estados.
Ante este panorama, el presidente de la asociación, el alcalde Jorge L. González Otero, enfatizó sobre el impacto directo en la ciudadanía: “Un ciudadano que no sea contado correctamente sigue necesitando servicios, pero su municipio podría recibir menos recursos para atenderlo. No podemos permitir que una decisión federal, tomada sin considerar nuestra realidad, termine perjudicando a nuestras comunidades durante los próximos diez años”.
La organización municipal recalcó que una falla en el conteo perjudicaría múltiples programas de alta sensibilidad social y comunitaria, entre los que se destacan:
Iniciativas de vivienda y desarrollo urbano.
Asistencia directa para adultos mayores.
Programas de cuidado infantil.
Obras de infraestructura y desarrollo comunitario.
Sistemas de transportación pública.
Asimismo, la modificación poblacional alteraría la distribución de los recursos económicos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y trastocaría otras estructuras administrativas locales fijadas por ley.
La Asociación recordó que la vulnerabilidad en los conteos no es nueva, citando los datos del propio Negociado del Censo que estimaron la omisión de unos 217,000 residentes en la isla durante el Censo de 2020, una cifra que demuestra la urgencia de afianzar los métodos de verificación y enumeración presencial.
Por tal razón, la organización exigió a la agencia federal que detenga la aprobación de la regla bajo sus parámetros actuales. Del mismo modo, reclamó la celebración de vistas públicas presenciales en Puerto Rico, la realización de estudios de impacto y la apertura de consultas directas con los gobiernos municipales antes de fijar cualquier directriz.
Finalmente, la directiva respaldó las gestiones y planteamientos paralelos del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, orientados a integrar de forma activa al Instituto de Estadísticas y a la Junta de Planificación de Puerto Rico en la evaluación del proceso.
“Lo que exigimos es sencillo: que cada puertorriqueño sea contado, una sola vez y en el lugar correcto. De ello dependen los recursos y servicios que recibirán nuestras comunidades durante la próxima década”, concluyó González Otero.
