Un proyecto de Ley presentado por la representante Tatiana Pérez Ramirez, requeriría al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y al operador del sistema de peajes, AutoExpreso, instalar y mantener en funcionamiento mecanismos que permitan identificar, de forma clara y perceptible, un balance bajo o insuficiente, e impediría la imposición de multas si dicho sistema estuvo inoperante en el momento en que ocurrió la infracción. Donde sea técnicamente viable, estos incluirían un aviso tipo semáforo u otro sistema visual equivalente.
“Lo que buscamos es que la persona pueda saber qué ocurrió, cuánto necesita recargar y hasta cuándo puede hacerlo para evitar una penalidad. También queremos que, si hubo una falla, tenga una vía para reclamar y que existan registros que permitan verificar lo sucedido. Son garantías necesarias para que el proceso sea justo y transparente”, sostuvo la representante en declaraciones escritas.
No obstante, la pieza legislativa aclara que esto no exime al conductor de pagar el peaje consumido, sino únicamente de la multa administrativa, siempre y cuando la insuficiencia no hubiese sido notificada previamente por un método verificable. “El ciudadano tiene la responsabilidad de pagar su peaje, pero también tiene derecho a que el sistema funcione y le permita conocer cuándo necesita recargar. Si vamos a exigirle cumplimiento al conductor, también tenemos que exigir que los mecanismos de aviso estén operando”, enfatizó la legisladora.
La propuesta exigiría además la instalación de sistemas de aviso visual mediante semáforos, o avisos equivalentes en las estaciones donde sea técnicamente viable. Además, se requerirá el envío automático de alertas electrónicas inmediatas al procesarse una transacción sin balance suficiente. Actualmente, el sistema de Autoexpreso cuenta con esta tecnología, aunque no en todas las estaciones o pórticos de peaje y no es un requisito establecido por ley.
El proyecto también exigiría que se establezcan opciones para recargar en aquellas plazas de peaje que sean seguras, o el acceso inmediato a un punto de recarga. A su vez, la ACT deberá crear un programa formal para registrar electrónicamente fallas, inspecciones y tiempos fuera de servicio por pórtico, así como publicar informes trimestrales en su portal web sobre la disponibilidad del sistema y la cantidad de penalidades anuladas por averías.
Además, de aprobarse la medida, se establecería un procedimiento expedito para que los ciudadanos puedan impugnar multas derivadas de fallas del sistema o falta de opciones de recarga, requiriendo que la ACT conserve y provea la evidencia operacional del peaje.
De ser aprobada, la ley entraría en vigor a los 90 días, otorgando ese mismo plazo al DTOP y a la ACT para adoptar la reglamentación correspondiente. Asimismo, la ACT tendría 30 días tras la aprobación para entregar a la Asamblea Legislativa un inventario detallado sobre el estado de todos los pórticos y plazas de peaje en la isla.
