El Procurador del Ciudadano (Ombudsman) de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, lanzó un contundente llamado al gobierno para evitar que la ciudadanía continúe funcionando como el “amortiguador financiero” de las fallas operacionales y contractuales del sistema eléctrico de la isla.
García Feliciano catalogó como inaceptable que se pretenda transferir al pueblo el sobrecosto generado por el uso de diésel como combustible sustituto en las plantas generatrices. Según explicó, la crisis tarifaria actual tiene su origen en la incapacidad de la empresa New Fortress para suministrar el gas natural pactado para la generación eléctrica, lo que forzó al sistema a recurrir a un combustible considerablemente más costoso.
El Ombudsman enfatizó la contradicción de que, mientras las corporaciones debaten responsabilidades en los tribunales y ante el Negociado de Energía, sean los abonados quienes terminen cubriendo el desfase económico de sus propios bolsillos.
“Resulta imperativo garantizar que los recursos gubernamentales cumplan su verdadera función de auxilio ante coyunturas que atentan contra la estabilidad económica de la familia, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, apuntó García Feliciano, al recordar que las familias puertorriqueñas ya enfrentan una inflación asfixiante y un servicio con fallas recurrentes.
Para evitar un nuevo golpe al presupuesto familiar, el Procurador del Ciudadano urgió al Ejecutivo a ejecutar mecanismos de compensación que absorban este sobrecosto sin alterar las tarifas del servicio:
Entre estos, García Feliciano solicitó considerar una partida de la reserva del Fondo de Emergencias del Estado para mitigar de forma inmediata el impacto directo sobre la ciudadanía. Reclamó también que se destinen con extrema urgencia a los consumidores los $100 millones que New Fortress debe reponer por las reclamaciones operacionales vinculadas a los retrasos de la barcaza Amur River, la cual estuvo imposibilitada de atracar para despachar gas natural.
De otra parte, el Ombudsman exigió que cualquier penalidad, devolución o crédito recuperado por incumplimientos logísticos sea acreditado de inmediato para neutralizar el déficit de combustible, evitando que se diluya en trámites burocráticos.
García Feliciano fue categórico al señalar que las alianzas y contrataciones en el sector energético deben responsabilizarse por sus propias fallas operativas, y recordó que el Estado posee la facultad y el deber moral de interponer los fondos disponibles antes de autorizar cualquier ajuste en la reconciliación tarifaria.
"La sensibilidad hacia nuestra gente no se demuestra con expresiones de molestia. Hay que tomar acciones gubernamentales decisivas que impidan el despojo continuo del ingreso familiar", sentenció el funcionario, reafirmando que agotará todas las vías administrativas para defender el derecho a un servicio eléctrico confiable y a un costo justo.
“La gente no puede ser el cajero automático de las ineficiencias de las empresas encargadas del sistema eléctrico ni de su afán de lucro”, concluyó.
