Tras una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ayer en Río Piedras, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico rechazó de manera categórica el despliegue masivo dedel ICE , denunciando que han ocupado con armas largas las calles de comunidades con alta concentración de inmigrantes en distintos municipios de de la Isla.
De acuerdo con la organización, las intervenciones observadas desde el pasado jueves y durante todo el fin de semana responden a una política discriminatoria y sistemática de hostigamiento, la cual incluye arrestos efectuados sin orden judicial, separación de núcleos familiares y la obstrucción de procesos migratorios legítimos.
“Las acciones observadas desde el jueves y durante el fin de semana se suman al patrón de violencia sistemática y asecho contra nuestras comunidades inmigrantes y apunta a un aumento en estas intervenciones. Es indispensable que quede claro que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar las intervenciones y operativos del ICE. Es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución. En Estados Unidos, hemos visto y denunciado represalias de parte de ICE y agencias federales contra personas que se encuentran ejerciendo ese derecho. Estas grabaciones constituyen una herramienta de fiscalización del poder gubernamental federal y estatal, y nadie debe sentir miedo o intimidación al ejercer ese derecho”, manifestó en declaracione escritas la licenciada Annette Martínez Orabona, presidenta de la ACLU en Puerto Rico.
La ACLU recordó los patrones de violencia documentados en jurisdicciones de Estados Unidos, destacando el caso de la demanda Tincher v. Noem en Minnesota. En dicho precedente judicial se expusieron abusos como el uso de agentes químicos contra observadores y manifestantes, así como el trágicos sucesos donde un ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, perdió la vida a manos de disparos de agentes del ICE mientras ejercía su derecho a documentar una intervención.
La organización subrayó que la escalada de tensión no recae exclusivamente en las agencias federales. Martínez Orabona apuntó de manera directa contra la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, asegurando que ambos funcionarios facilitaron las labores de ICE al entregar de forma voluntaria las direcciones residenciales y la información confidencial de más de 6,000 personas inmigrantes en Puerto Rico.
La confrontación en las comunidades ha derivado en momentos de alta tensión sobre el terreno, incidentes que han quedado registrados en grabaciones y material sonoro donde se documentan altercados y la participación activa de organizaciones comunitarias y de defensa de derechos humanos, como La Colectiva en Construcción.
