Ante el constante impacto del costo de la electricidad en la economía familiar y en los comerciantes de Puerto Rico, y tras un reciente aumento en la tarifa eléctrica autorizado por el Negociado de Energía —organismo regulador independiente—, la administración gubernamental anunció un plan de iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura eléctrica y mitigar la carga económica de los ciudadanos.
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la red y diversificar la matriz energética, la gobernadora Jenniffer González, detalló una serie de inversiones federales y privadas de gran escala. En materia de almacenamiento y capacidad pico, se encuentran actualmente en construcción 530 megavatios (MW) de almacenamiento mediante baterías, los cuales cuentan con una inversión federal de aproximadamente $993 millones, sumados a 244 MW de nuevas unidades de generación pico y reserva respaldadas por cerca de $1,200 millones también de procedencia federal. En conjunto, estas obras representan más de 774 MW de capacidad combinada y una inversión aproximada de $2,200 millones.
En el renglón de conversión a fuentes más económicas y eficientes, la gobernadora destacó la aprobación para convertir unidades generatrices existentes a gas natural en las centrales de Palos Seco, San Juan y Cambalache, lo que se proyecta generará un ahorro significativo en la compra de combustible. “De completarse todas estas conversiones, según lo proyectado, podrían generar hasta 94 millones anuales en ahorros de combustible; por eso mi presión al Negociado”, puntualizó. A la par, se avanzan negociaciones para extender contratos de disponibilidad con Genera por hasta 528 MW y con la empresa AES por aproximadamente 520 MW hasta el año 2032.
En cuanto a la integración de energía renovable, la gobernadora repasó el avance de proyectos solares de inversión privada como Zero One en Guayama (50 MW y $199 millones), Zero Two en Salinas (68 MW y $221 millones), AES Clean Flexible en Jobos (80 MW y $203 millones), AES Clean Flexible en Salinas (120 MW y $304 millones) e Infinity en Yauco (32 MW y $112 millones). Estos cinco proyectos representan en total 350 MW de nueva generación solar con una inversión privada superior a los $1,039 millones. Adicionalmente, se destacó la reciente asignación de $6,338.82 millones aprobada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos para acelerar la modernización y la confiabilidad de la red.
Medidas inmediatas de alivio económico
Para proveer una ayuda directa a los consumidores ante las fluctuaciones internacionales del petróleo, la administración impulsó y propuso diversas herramientas de asistencia social y fiscal. Entre las acciones de aplicación inmediata se encuentra el sometimiento a la Junta de Supervisión Fiscal de una exención temporal del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante los meses de noviembre y diciembre.
Asimismo, el Ejecutivo radicó ante la Legislatura los Proyectos de la Cámara 1377 y del Senado 1405 para viabilizar el programa comercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE), un mecanismo de financiamiento privado sin desembolso inicial ni uso de fondos públicos que permitirá a comercios e industrias instalar paneles solares, baterías y estaciones de carga para vehículos eléctricos.
A nivel comercial y residencial, se asignaron $3 millones a través del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para impactar a 1,000 pequeñas y medianas empresas, además de $18 millones destinados al programa de climatización de hogares, el cual contempla la sustitución de enseres por equipos de bajo consumo y que ya registra 5,000 solicitudes aprobadas y sistemas instalados en 359 residencias. En el ámbito de desarrollo social, la mandataria resaltó la inyección de $18.5 millones distribuidos entre el programa LIHEAP/crisis de energía (otorgando hasta $1,000 por familia elegible) y subsidios directos para los participantes del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Le mete caña de nuevo a LUMA Energy
Durante la rendición de cuentas sobre la infraestructura eléctrica, la gobernadora reiteró su postura enérgica sobre la deficiencia en el desempeño de LUMA Energy a más de cinco años de asumir la administración del sistema de transmisión y distribución. La mandataria ofreció un desglose detallado de las cifras financieras del operador, señalando que el presupuesto operacional de LUMA pasó de $648 millones en el 2022 a un estimado de $982 millones para el año fiscal 2027, sumado a $143.2 millones en pagos por servicio (fees), alcanzando un gasto combinado anual de $1,125 millones de dólares.
“LUMA fue contratada para mejorar nuestro sistema eléctrico, para ofrecer un servicio de acelerar la reconstrucción, de realizar el mantenimiento necesario y transformar la infraestructura eléctrica que llevaba años deteriorándose. Pero los resultados no han sido a la altura de esas promesas”, recriminó la gobernadora, denunciando que de los más de $11,000 millones en fondos federales conseguidos para la reconstrucción, la empresa apenas ha tramitado $731 millones en reembolsos ante FEMA, lo que equivale a solo un 6% de ejecución.
La ejecutiva expresó su profunda molestia por las constantes fallas y la falta de empatía con el país: “Lo que sí ha mejorado LUMA es su estrategia para controlar el mensaje, para silenciar a muchos pagando documentales para mejorar su imagen y ciertamente para lavarse la cara... LUMA no llegó a Puerto Rico para explicarnos por qué el sistema tiene problemas; fue contratada para resolver esos problemas. Después de más de 5 años de operación y sobre 5,000 millones de dólares en compensación, nos corresponde a todos los puertorriqueños exigir resultados concretos y verificables”.
Reafirmando que actuará hasta las últimas consecuencias legales, la gobernadora concluyó tajantemente: “Por eso es que LUMA se tiene que ir. Yo sigo firme en ese compromiso... En diciembre de 2025 acudí a los tribunales para cancelar el contrato de LUMA tal y como te prometí. Yo no me quedo en palabras, a mí me gusta tomar acción... ningún contrato va a estar por encima del bienestar del pueblo de Puerto Rico”.
